Dictamen de la Procuración General



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Dictamen de la Procuración General:

I. El Tribunal de Instancia Unica del Fuero de Familia Nº 2 de San Isidro rechazó la solicitud formulada por el curador definitivo de la causante denegando, en consecuencia, autorización para interrumpir la alimentación artificial e hidratación de su representada y esposa, doña M. d. C. S. -fs. 459/474 vta.-.

Contra dicha decisión se alza el requirente mediante los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad que lucen a fs.480/490, y a los que respetando el orden lógico abordaré en forma inversa.

II. En el recurso de nulidad, con cita del art. 168 de la Constitución provincial, aduce el quejoso que dos de los integrantes del Tribunal de grado omitieron, al resolver, el tratamiento de la sólida argumentación desarrollada en el escrito de demanda y avalada por copiosa documentación. Al igual que el proveimiento de la prueba testimonial ofrecida, tendiente a acreditar lo que esa Corte denomina "las circunstancias de la causa".

Como fundamento del segundo remedio procesal, sostiene que la sentencia ha violado la ley o la doctrina legal o las ha aplicado erróneamente.

Manifiesta que el Sr. Asesor de Incapaces omitió, al dictaminar, entrar al fondo de la cuestión, esto es, distinguir las características propias de la vida vegetativa permanente que exige la utilización de medios desproporcionados, frente a la vida humana, dándole a esta última un alcance incorrecto.

Por su parte, el Magistrado que vota en primer término, habría mal intepretado las normas que invoca -arts. 29 y 33 Const. Nac.; 10, 12 y ccdtes. de la Const. prov.; art. 3 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; arts. 4 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, al considerar que defender la vida implica siempre intervenir para prolongarla, aún con medios desproporcionados.

Idéntico embate extiende hacia el voto de la Dra. María Julia Abad.

A criterio del recurrente el Dr. Halbide sería el único que habría entrado en la cuestión planteada, admitiendo la posibilidad de omitir tratamientos desproporcionados en casos como el de EVP -estado vegetativo permanente-, siempre que se cuente con el consentimiento del paciente.

Se agravia sin embargo por no comprender por qué, si el paciente incompetente no ha dejado instrucciones, el tercero responsable está obligado a seguir la dogmática regla de que siempre debe utilizar todos los medios para prolongar su vida.

II a.) Considero que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente, pues bajo la aparente denuncia de omisión de cuestión esencial se esgrime, en primer término, "la ausencia de consideración de argumentaciones de la parte", en el caso de orden religioso, ético y científico, las que como tales, carecen de la nota de esencialidad requerida a los efectos de tornar viable la queja impetrada.

Es sabido que la obligación de los tribunales de resolver las cuestiones esenciales, no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos en apoyo de la pretensión, sino la de abordar y decidir aquellas que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del caso traído (conf. S.C.B.A., Ac.66.486 del 26-10-99; Ac.74.846 del 23-5-2001; e/o).

Y, en cuanto al segundo motivo de la impugnación, referido a la prueba testimonial también carece de la esencialidad exigida por el art. 168 de la Constitución de la Provincia, desde que el tema fue abordado por el Tribunal con anterioridad a la sentencia de mérito y reexaminado ya por los carriles procesales de revisión que el ordenamiento ritual prevé -v. fs. 356, 423 y 446- (Conf. S.C.B.A., Ac.75.329, sent. del 18-4-2001).

Sin perjuicio de lo dicho, destaco que de la mera lectura del decisorio se evidencia que la cuestión sometida a conocimiento de los sentenciantes fue encarada y decidida, solo que en sentido adverso a lo pretendido. A fs. 470 vta. la Dra. Abad afirma: "...la vida es el valor supremo de la persona humana. Es decir que frente a ese valor, no hay otro que pueda superarlo. La vida humana fundamento de todos los restantes bienes y derechos, no resulta disponible ni por las personas que son titulares de dicho bien, ni por los tribunales". Por su parte el Dr. Ruiz, con sustento en la importancia de los valores en juego expresa: "...considero debe salvaguardarse el derecho a la vida por resultar un valor superior y de rango Constitucional..." -fs. 469-.

De allí, que frente al orden lógico del razonamiento desarrollado en el fallo, la congruencia ética de la petición, su moralidad, coherencia jurídica y estado psíquico del curador y su prole -mencionadas por el quejoso como preteridas-, hayan sido postergadas a un segundo plano por el juzgador, quien ante el inevitable conflicto de valores y principios en debate, decidió jerarquizar la "vida humana de la causante." (conf. S.C.B.A., Ac.64.422, sent. del 28-9-99; Ac.75.113, sent. del 6-6-01, e/o).

b.) No mejor suerte ha de correr el segundo de los remedios intentados, pues pese al esfuerzo que la queja denota, resulta estéril a los fines de los art. 278 y 279 del C.P.C. y C..

Primero, porque el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto exclusivamente lo resuelto en la sentencia definitiva del Tribunal Colegiado de Instancia Unica y no el reexamen de los fundamentos vertidos por el Ministerio Público en sus dictámenes, que valga recordarlo, no resultan obligatorios para los señores Jueces.

Se suma a ello que la crítica que desliza el recurrente, no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia, desentendiéndose de su verdadera línea argumental y exponiendo, un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas, sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de los dispositivos legales citados en el resolutorio en crisis. (Conf. S.C.B.A., Ac.63.379, sent. del 21-5-2002).

A pesar de las deficiencias técnicas apuntadas, que alcanzan para sellar la suerte adversa del recurso examinado, entiendo que la trascendencia del asunto a resolver que afecta los intereses de un ser declarado incapaz, y la competente actuación en su defensa articulada por el Sr. Asesor de Menores, me obligan a comprometer opinión.

Con ese alcance -y más allá de toda cuestión formal- creo que las particulares circunstancias que rodean este caso ameritan efectuar una serie de reflexiones respecto de lo substancial de la petición formulada por el Sr. M.G. .

Observe V.E. que el recurrente en su carácter de curador definitivo de la causante, solicita autorización judicial "en el marco del juicio de insania" para retirar la alimentación e hidratación artificiales de la misma, no funda en derecho su petición, sólo trae en apoyo de su requerimiento la opinión de destacados profesionales médicos y autoridades de la Iglesia Católica como la del obispo de San Isidro, Monseñor Jorge Casaretto, quienes desde el punto de vista ético y religioso se expiden al respecto -v. fs. 299 y stes.-.

Alega que lo que su esposa hubiera deseado, seguramente, hubiera sido morir con dignidad y no ocasionar una pesada carga para su familia, especialmente para sus cuatro hijos menores de edad -v. fs. 304 vta.-.

Merece destacarse que a fs. 484 vta. el propio curador, en respuesta a las apropiadas observaciones que le efectúa el representante de la rama pupilar, sostiene: "No se trata pues de homicidio calificado ni de abandono de persona seguido de muerte. Estas palabras son impresionantes, pero no son correctas. No puede abandonarse a quien nunca tendrá ya vida humana, y menos puede matársele. Se está permitiendo que muera, privándosela de medios artificiales que en nada van a mejorar una vida que es sólo vegetativa".

Así planteada la cuestión no se advierte cúal es el papel a desempeñar por la Justicia, ya que si no estamos frente a un conflicto entre justiciables y sólo se trataría a criterio del Sr. Curador de escoger entre el mantenimiento de un tratamiento médico o su suspensión, pareciera que nos estamos adentrando en campo propio de los galenos.

Siguiendo a V.E. diré, que si lo que se requiere, entonces, es la autorización judicial para cumplir con una conducta despenalizada, no es necesaria la venia judicial (Ac.82.058 del 22-6-2001; Ac.85.566, sent. del 24-7-2002).

Agrego en el particular, que -como objetivamente lo plantea el peticionante- no se trata de aquellos actos del curador que requieren de autorización judicial de conformidad con lo dispuesto por los arts. 443, 475 y ccdtes. del Cód. Civ.; de allí que, en principio, tal como la cuestión fue introducida, resultaría a mi modo de ver objetivamente improponible.

La doctrina de la improponibilidad objetiva es de posible recepción jurisdiccional, y supone que la pretensión jurídica carece  como en la especie- de tutela jurídica, resultando por ende insuceptible de obtener una sentencia favorable.

Por otra parte paradójicamente, la función por esencia del curador de una persona declarada incapaz, es la de cuidar que recobre su capacidad, y a este objeto habrá de aplicar con preferencia la renta de sus bienes -conf. art. 481 del Cód. Civ.-

Señala al respecto S. C. que la inclusión del cónyuge entre los legitimados para ejercer la curatela tiene obvios fundamentos de carácter espiritual, a los que se agregan el deber de asistencia que impone el art. 198 del cuerpo citado. (En su obra "Juicio de Insania", pág. 309).

Pero sin embargo en la especie como ya refiriera "ut supra", la sólida defensa ejercida por el representante de la rama pupilar en resguardo del "derecho a la vida" cuya titularidad corresponde a la causante, y la espontánea presentación de los padres y hermanos clamando por la no suspensión del tratamiento, y por la remoción del curador -v. fs. 408/409 vta.-, llevaron el planteo a revelarse en un campo de intereses contrapuestos y cruzados, donde entiendo, se pone en marcha la obligación de brindar tutela jurídica a los sujetos involucrados, y de continuar y dar efectividad a aquélla consagrada a M. d.C. , desde que su problemática llegó a conocimiento de los Magistrados de origen (Conf. arts. 15 de la Const. provincial; 457, 475 y ccdtes. Cód. Civ.).

Porque no interesa cuál sea el rótulo que a su petición concreta dé el curador: "autorización judicial para suspender un tratamiento médico", pareciera abarcar, y perdóneseme la reiteración, una de las tantas conductas exceptuadas de la órbita de los Magistrados de conformidad con lo preceptuado por el art. 19 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, el tema de suspender la hidratación y alimentación artificiales a los pacientes en estado vegetativo permanente, resulta fundamentalmente distinta de la suspensión de cualquier otra terapia médica, ya que tal suspensión "inevitablemente" conduce a la muerte por deshidratación en un tiempo relativamente breve, mientras que cuando se prolongan o suspenden otras terapias, existe al menos una posibilidad teórica de que el paciente pueda sobrevivir sin ellas.

Y en este sentido, entiendo que el respeto por la dignidad humana requiere se proporcione siempre atención de sanidad a tales pacientes, aún cuando como afirma el curador en su presentación: "se trate de vida vegetativa y no de vida humana".

Discrepo con la distinción efectuada por el recurrente, y esto no implica en modo alguno un juicio moral o ético sobre los "sentimientos humanitarios" invocados como móvil de su accionar.

La vida humana, disminuida, limitada, cercenada en sus posibilidades de desarrollo, es vida específicamente humana para nuestro ordenamiento jurídico.

Desde la óptica científica, sin desconocer los diagnósticos médicos que trae en apoyo de su petición el curador, sólo observo que serán tan exactos como la propia ciencia médica, y traigo aquí como ejemplo lo sostenido por la Dra. Elena Lugo cuando en su obra sobre "Temas de Bioética" afirma: "En todo caso los neurólogos siguen preocupados ante la dificultad de precisar qué segmentos del cerebro han de verificarse como muertos o qué grado de pérdida de funcionamiento se han de constatar para declarar que se está ante el evento de la muerte. Es posible que cualquier dicotomía entre vida y muerte fundada en el funcionamiento cerebral sea una decisión convencional, conveniente a nivel social y sustentada a nivel biológico". (Autora y obra citadas, pag. 26).

Interín la medicina busca aunar un criterio al respecto, en el plano jurídico diré, al igual que Mazzinghi: que no hay vida cuasi-humana, pseudo-humana, o semi-humana", cualesquiera sean las limitaciones a que se vea circunscripta. Los seres humanos son siempre personas, y están por ello dotados de una dignidad, de un valor que el derecho debe reconocer en todos los casos. (autor citado en ED t 172, pág. 295). En definitiva, como lo ha expresado V.E.: "El derecho a la vida no se define ni por su calidad ni por su duración. Es un bien jurídico en sí mismo -arts. 75 inc. 22 Cons. Nacional; y arts. 4.1 y 5.1 Conv. Americana de Derechos Humanos-" (Ac.82.058, sent. del 22-6-01).

Más aún la vida de un ser declarado incapaz, merecedor de cuidados especiales tanto por su representante necesario como promiscuo, quienes tienen vedado disponer de su derecho a vivir, porque le pertenece cono derecho humano fundamental, desde la concepción y hasta acaecida la muerte natural (Conf. art. 12 Const. provincial y 103 del Cód. Civil).

No puede hablarse de un derecho a morir con dignidad, o invocar verdadera compasión que degenere en la solución fácil de eliminar al débil, aunque sufra.

Si morir conlleva un proceso de transición, me inclino en interpretar la célebre frase de "morir con dignidad" como equivalente al cuidado paliativo que en todo caso terminal debe brindarse al paciente, y del que no pueden estar ausentes la hidratación y alimentación, porque ello representa un bien, y expresa de modo simbólico la solidaridad humana.

Sólo agrego a mi extenso dictamen lo sostenido por el Dr. Eduardo Cárdenas cuando nos honraba con el ejercicio de la Magistratura: "El objeto del derecho es conseguir el orden social y, por lo tanto, tiene que regular las relaciones entre los hombres y no su conciencia íntima". (sent. del Juzg. Nacional de Primera Instancia en lo civil Nº 9 del 25-9-96 en autos "B. de.S., H.C. y S, C.A. s/Autorización".).

Y deseo cerrar este libelo con palabras del Sr Asesor de Menores que transcribo: "El amor y la fe demandarán siempre reposo en un corazón heróico. Ese heroismo puede radicar en saber esperar los tiempos de Dios, que sabemos, no son los tiempos del hombre. -pág 424/427-.


Tal es mi dictamen.
La Plata, octubre 31 de 2002 - Eduardo Matias De La Cruz
A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 9 de febrero de 2005, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Roncoroni, Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 85.627, "S. , M. d. C. . Insania".



A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó la demanda del curador que solicitó autorización para interrumpir la alimentación e hidratación artificiales de M. d. C. S. .

Se interpusieron, por el peticionante, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes



C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

Caso negativo:

2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I O N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

El recurrente aduce la nulidad sosteniendo que en el fallo se aplicaron erróneamente las leyes que defienden la vida humana, omitiendo toda referencia a la argumentación desarrollada en la demanda, avalada por pruebas documentales provenientes de autoridades religiosas, éticas y científicas, lo que implica vulneración del derecho de defensa en juicio.

Sostiene asimismo que el tribunal resolvió sin ordenar la producción de la prueba testimonial, la que resultaba relevante para el proceso, toda vez que el hecho de que no existiera audiencia preliminar ni de vista de causa no obstaculizaba que se celebrara una para recibir la misma, por lo que la denegatoria resulta arbitraria e inconstitucional.

Entiendo que no le asiste razón al recurrente, toda vez que la preterición denunciada no es tal.

En efecto, la conclusión a la que arriba el fallo desplazó las argumentaciones del recurrente, por lo que no se configura el motivo que habilita la vía extraordinaria intentada.

El vicio que por el recurso extraordinario de nulidad se corrige en orden a lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia, es la omisión de tratamiento de una cuestión esencial en que incurriera el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia y no cuando la cuestión que se denuncia como preterida ha sido resuelta en el fallo de modo implícito y negativo para la parte, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno a este medio de impugnación (conf. causa L. 36.602, sent. del 17 III 1987).

En cuanto al restante planteo cabe señalarle al recurrente que resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad los agravios vinculados a la prueba o a presuntos vicios de procedimiento (conf. Ac. 35.498, sent. del 30 IX 1986).

Por ello, doy mi voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Roncoroni, Negri, Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. Adhiero a los votos que me preceden, principalmente, en lo tocante al primero de los agravios esgrimidos por el recurrente (fs. 488 vta./489).

2. El segundo motivo que dio fundamento al planteo nulificante por vía del remedio extraordinario, tampoco puede prosperar.

El señor M. G. criticó que el tribunal a quo desestimara la autorización para interrumpir la alimentación e hidratación artificiales que sostienen con vida a su cónyuge "sin ordenar la producción de la prueba testimonial, sobre la que insistió sin éxito varias veces durante el proceso", pese al rasgo relevante atribuido a ese extremo probatorio en la solución del asunto bajo estudio (fs. 489).

Algunos testigos, indicó, informarían el caso desde el aspecto ético moral, otros estrictamente desde el médico, otros desde un enfoque jurídico y, finalmente, también atestiguarían quienes podrían revelar los deseos presuntos de la causante atendiendo a su proyecto personal de vida.

Denunciando afectación del derecho a la jurisdicción, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, estimó, además, que la denegatoria de la prueba indicada "es arbitraria e inconstitucional, porque todo proceso más allá del marco de encuadre, debe buscar la verdad objetiva y valerse de cuantos medios disponibles haya para alcanzar[la]". La arbitrariedad de la sentencia cuestionada devendría dada por haber incurrido en «exceso ritual manifiesto», al omitir la producción de prueba razonablemente propuesta, con invocación de los arts. 8.1 y 25.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica y 75 inc. 22º de la Constitución nacional. Hizo expresa reserva del caso federal.

Los planteos reseñados resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad interpuesto (cfr. doctr. causas Ac. 79.592, sent. de 24 IX 2003; Ac. 85.556, sent. de 3 XII 2003; P. 74.801, sent. de 9 XII 2003, entre muchas). Ninguno de ellos se vincula estrictamente con el cumplimiento de las formas que prescriben los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para las sentencias definitivas.

De todos modos, no se advierte que el defecto alegado  atendiendo al trámite especial en que se enmarcaron las actuaciones (fs. 356)  haya revestido entidad suficiente como para configurar un supuesto excepcionalísimo de incompatibilidad con el debido proceso u ocasionado una merma relevante de las posibilidades de tutela judicial efectiva, capaz eventualmente de habilitar la anulación oficiosa del pronunciamiento en crisis.

Más allá del tratamiento que merecerá, al decidir la segunda cuestión, la denuncia relativa a los diversos avatares procesales que gobernaron el curso de la pretensión, no puedo sino concluir que la decisión de instruir la causa por vía de un trámite especialmente abreviado  por cierto, no cuestionado oportunamente por el recurrente , no parece haber sido fruto de una elección arbitraria, irrazonable o incursa en error grosero y patente, que justifique la solución nulificante intentada.

En consecuencia, doy mi voto por la negativa.



A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Hitters.

En efecto, en el fallo puesto en crisis por el impugnante se ha resuelto la cuestión esencial que le fue oportunamente sometida a juzgamiento al a quo.

Ello es así en tanto, ha sido plenamente considerada la cuestión sobre la que versó la acción deducida (conf. L. 33.361, sent. del 30 X 1984), cualquiera que fuere el acierto de la decisión adoptada (conf. L. 32.691, sent. del 7 VIII 1984).

Cabe recordar que cuestión esencial en los términos del art. 168  anterior 156  de la Constitución de la Provincia es aquélla que conforma la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio (conf. L. 34.376, sent. del 22 X 1985).

En ese orden, esta Corte tiene dicho que la deficiente consideración de la prueba o la eventual ausencia de tratamiento de la misma, no conforma ningún supuesto de omisión de cuestión esencial en los términos del art. 156  actual 168  de la Constitución de la Provincia (L. 32.808, sent. del 29 V 1984; L. 51.821, sent. del 11 X 1995; L. 59.359, sent. del 19 V 1998 y L. 73.223, sent. del 18 VI 2003).

Por otra parte, la sentencia no se halla huérfana de fundamentación legal por lo que no se encuentra transgredido el art. 171 de la Carta Magna local. Lo que dicho dispositivo constitucional sanciona no es la correcta o incorrecta fundamentación de la decisión sino la ausencia de base legal (Ac. 33.695, sent. del 5 III 1985; Ac. 48.476, sent. del 16 VI 1992; Ac. 74.729, sent. del 21 XI 2001; Ac. 79.998, sent. del 24 III 2004); presupuesto este que  como ha quedado expresado  no se observa verificado en la especie.

Finalmente, es dable señalar que el recurso extraordinario de nulidad ha sido instituido para subsanar vicios formales del fallo y no para corregir presuntas falencias o errores procesales anteriores al mismo (Ac. 49.612, sent. del 17 VIII 1993).

Por todo ello, doy mi voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. El Tribunal de Familia denegó la petición formulada por el curador de suspender la hidratación y nutrición artificiales proporcionadas a la señora M. d. C. S. .

Basó su decisión en lo que hace al recurso, y en lo sustancial, en que debía salvaguardarse el derecho a la vida por resultar un valor superior y de rango constitucional (conf. fs. 469).

II. Contra esta decisión se alza el esposo, denunciando la vulneración de los arts. 19, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 12, 25 y 57 de la Constitución provincial; 11.1, 4.1, 5.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 11.1 y 12.1 del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; 3.1, 19.1, 24.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Hace reserva del caso federal.

Sostiene que han sido erróneamente interpretadas y aplicadas las normas en el fallo, toda vez que consideran que defender la vida implica siempre intervenir para prolongarla aún con medios desproporcionados en pacientes que se hallan en estado vegetativo permanente como en el caso (v. fs. 486 vta./487).

Expresa que cuando el enfermo por su inmadurez o inconsciencia no está apto para dar su consentimiento para el retiro de asistencia desproporcionada, ni ha dejado instrucciones al respecto, toman la decisión los parientes más cercanos y los médicos tratantes y en caso de disenso, la justicia, lo que no excluye  añade  la posibilidad de que no se acuerden tratamientos desmedidos (v. fs. 487 vta./488).

Agrega que la alimentación e hidratación por sonda son consideradas hoy en día un tratamiento médico, equiparable a los otros medios artificiales de sostén, de modo que retirarlas equivale moralmente a la suspensión de cualquier tratamiento medicinal, a pesar del alto valor simbólico que culturalmente tienen la provisión de alimentos y agua al paciente (fs. 487).

Sostiene que el doctor N. , especialista en bioética fue ofrecido como testigo, habiendo el mismo cambiado la opinión, eliminando ahora el distingo entre sustento artificial y otros medios de intervención (v. fs. 488 vta.).

III. Entiendo, en igual sentido que lo dictaminado por el señor Procurador General, que el recurso no puede prosperar.

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